El secretario de Relaciones Institucionales de la Unión Ferroviaria, Mario Rodríguez, reclamó la libertad del titular del gremio, José Pedraza, y consideró que su detención por el crimen de Mariano Ferreyra “se transformó en algo político”.
La dirigencia sindical de la Unión Ferroviaria volvió a pedir hoy la libertad de su secretario general, José Pedraza, y de los otros gremialistas del sector involucrados judicialmente en la investigación por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra.
En tal sentido, aseveró que la Justicia está siendo "presionada" por "cuestiones políticas". "Hay elementos suficientes para que nuestros compañeros sigan en libertad mientras continúe el proceso judicial. Hay cuestiones políticas que están ejerciendo presión sobre la Justicia, no la está dejando trabajar tranquila", sostuvo Rodríguez.
Además, el sindicalista cuestionó la decisión judicial de mantener en prisión a Pedraza ante el temor de que pueda dejar el país, fugarse o entorpecer la investigación. Sobre este punto, comentó que Pedraza siempre estuvo a disposición de la Justicia.
"Desde el primer momento nuestro secretario general se presentó ante la Justicia. No hay ningún motivo ni tampoco indicio de que la Unión Ferroviaria entorpezca la investigación", señaló Rodríguez.
Vale recordar que el viernes pasado Pedraza volvió a solicitar su excarcelación luego del paro total de actividades que realizaron los sindicalistas de la UF en el servicio de trenes y que afectó a más de 400 mil usuarios.
La jueza Susana Wilma López rechazó el pedido de Pedraza y de Juan Carlos “Gallego” Fernández para recuperar la libertad en el marco de la investigación por el crimen de Ferreyra.
En su rechazo a la excarcelación, la jueza consideró que ambos, acusados de instigar el asesinato, podrían fugarse o entorpecer las investigaciones en desarrollo en función de la “gravedad” del hecho, según refirió el abogado de los gremialistas ferroviarios, Carlos Forment, tras recibir la notificación.
Entre los argumentos esgrimidos por la jueza para denegar la liberación figuró también uno aportado por el fiscal Fernando Fiszer, quien dictaminó en contra de la liberación de Pedraza y Fernández, aduciendo la “gravedad institucional” de la agresión y que “perturba la seguridad de todos”.
La jueza además argumentó para tomar su decisión que cinco testigos de la causa están amenazados luego de identificar a los miembros de la patota, y que incluso la ex fiscal que condujo la investigación en su primer tramo, Cristina Caamaño, sufrió amenazas telefónicas en su domicilio.
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