Como generalmente sucede después de que hay algún accidente ferroviario, se estima que no serán pocos los juicios que empezarán en unos días por la tragedia de Flores y los demandados no sólo serán la empresa concesionaria del ramal, Trenes de Buenos Aires (TBA), y los dueños del colectivo 92, sino también el Estado.
Ocurre que el Estado es el dueño de la infraestructura; de los vagones, de las vías y de todo el material de señalización. Es decir que TBA opera con el esquema que le da el Estado y su función es mantenerlo en condiciones de operabilidad.
Al respecto, el abogado especialista en seguros Enrique Cárrega explicó al diario La Nación que, por el estado de las barreras, se nota que "hay una clara omisión del deber de seguridad". Además, Cárrega sostuvo que estos juicios podrían costarle al Estado entre 600.000 y un millón de pesos.
Por su parte, una vez que sean llamados a juicio, TBA y los propietarios de la línea 92 deberán denunciar quiénes son sus compañías de seguro. En el caso de la concesionaria de trenes, el vocero anunció que tienen un pool de empresas que aseguran el riesgo: "Liderar, Cosena Seguros de Caución, Chubb y Alianz".
Ayer, en tanto, hubo varios cruces entre TBA y el gobienro porteño. Ciudad apuntó a la empresa concesionaria por haber dejado pasar al camión que rompió la barrera, mientras que TBA denunció que la Policía Metropolitana no le avisó que la barrera se había roto.
"Las cámaras de la Metropolitana dan cuenta cómo fueron sucediendo los hechos. Un camión rompió la barrera y el guardabarrera, que es un empleado de TBA, lo dejó seguir. Además, se retiró veinte minutos antes del accidente", sentenció el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro.
Mientras, TBA acusó a la fuerza de seguridad de no haber "multado" al chofer del camión por la infracción a la "ley de Tránsito" y no haber colocado "una consigna" de uno de sus agentes en el lugar pese a haber tenido filmada la maniobra.
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