En sus primeros días en el gobierno, José Mujica anunció que en dos años habría trenes de carga circulando "a sesenta kilómetros por hora", pero transcurrida la mitad de ese lapso hay pocas esperanzas de que tal promesa se cumpla. Pese a la bonanza económica actual el gobierno carece de fondos suficientes para relanzar AFE razón por la cual necesita los aportes del sector privado.
Para ello se busca crear una empresa pública de derecho privado encargada del transporte de carga y pasajeros. Con esta flexibilización se facilitaría la asociación y participación del sector privado, algo que permitiría modernizar la flota de trenes y poner en condiciones las vías férreas así como mejorar las finanzas del ente del riel que hoy presentan un déficit anual cercano a los 14 millones de dólares, que pagan los contribuyentes.
Mientras los ministerios de Economía y Transporte elaboran el proyecto, el gremio de AFE está en pie de guerra ante lo que denuncia como "una privatización encubierta". Es que la Unión Ferroviaria se opone a todo intento de alterar la situación estatutaria del ente por temor a que los cambios afecten la seguridad en el empleo o las condiciones de trabajo. Por eso entre sus medidas de lucha ya concretó la desafiliación del gremio del actual vicepresidente de AFE, Juan Silveira, al tiempo que se amenaza con otras acciones.
Así se repite el caso de una corporación que, replegada en defensa de los que consideran sus intereses, frena el avance en un área tan esencial como es el transporte en un país agroexportador. Situaciones de este tipo se dieron antes, por ejemplo en el puerto, cuando las presiones de un gremio retrasaron por años una inevitable reforma. ¿Pasará lo mismo con AFE y perderemos el tren?
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