• Son del San Martín y del Belgrano Sur.
• Se suman a otros mil del Roca.
• Giran más subsidios.
Antes de marzo, todos los trabajadores tercerizados de los ferrocarriles de las líneas San Martín y Belgrano Sur se sumarán al proceso del Roca, pasarán a ser efectivizados y tendrán relación de dependencia.
Se trata de las tres líneas administradas por laUnidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE), una dependencia de capitales mixtos entre privados y el Estado, pero donde el dinero para este movimiento laboral será aportado por el Estado vía subsidios. Con esto el Gobierno busca cerrar y evitar nuevos conflictos con los operarios tercerizados del San Martín y el Belgrano Sur, que amenazaban con las mismas medidas de fuerza que se vivieron en el Roca si no se llegaba a un acuerdo para sumar a los operarios de esos servicios en el proceso de blanqueo.
El viernes, en el Ministerio de Trabajo, terminaron de cerrarse las negociaciones, y aproximadamente otros 1.200 operarios pasarán a incorporarse a los casi 1.000 del Ferrocarril Roca que desde el 1 de enero están ingresando a trabajar en relación de dependencia dentro de la UGOFE.
Definición
En teoría, antes del 21 de enero el listado final de los tercerizados que pasarán a depender de los operadores del Roca, San Martín y el Belgrano Sur debería estar definido y acordado, junto con un cronograma para su incorporación definitiva al organismo mixto.
La cartera que maneja Carlos Tomada mantuvo ese día negociaciones durante siete horas, y se espera que el acuerdo se anuncie definitivamente esta semana. Luego, desde el Gobierno, se espera despejar, al menos en el sector ferroviario, cualquier amenaza de protestas o cortes de vías por parte de los tercerizados y sus representantes (en general grupos de izquierda dura). La intención es evitar más incidentes como los que llevaron a la muerte del operario ferroviario y militante del POMariano Ferreyra y los que generaron un caos en la estación Constitución en diciembre.
Los trabajadores pasarán ahora de cobrar un máximo de $ 2.000 por mes a unos $ 4.000 y $ 5.000 mensuales, más horas extras, premios y aportes adicionales, dinero que será girado en su totalidad desde el Estado vía los subsidios que cada 30 días son liquidados a la UGOFE desde la Secretaría de Transporte que maneja Juan Pablo Schiavi. No habrá aportes de los tres socios privados del organismo, el grupo Roggio, la familia Romero y el grupo Cirigliano.
Todos los nuevos empleados estarán además dentro de los convenios colectivos correspondientes a la Unión Ferroviaria (UF) que maneja José Pedraza. Como además se trata, en su mayoría, de militantes de izquierda, se aguarda para las próximas horas un ataque del sindicato en contra del movimiento de blanqueo de ex tercerizados.
Convivencia
Precisamente el gremio de Pedraza es señalado como el culpable por la muerte de Ferreyra, y ahora deberá convivir con militantes de izquierda dentro del sindicato. Sabe además Pedraza que los nuevos operarios podrán comenzar a realizar actividades gremiales dentro de la UF, en lo que podría convertirse en un nuevo capítulo de la disputa entre el sindicalismo ortodoxo y la izquierda. El antecedente más cercano en este caso es el del subte, donde desde abril, por primera vez, habrá negociaciones paritarias por fuera de la UTA.
En su totalidad, aseguran en Trabajo, los ferroviarios incorporados a la UGOFE son operarios vinculados a tareas específicas de manejo y administración de los ferrocarriles, dejándose afuera a los empleados de empresas tercerizadas de seguridad, emergencias, sanidad y comercio. En estos casos, habrá fiscalizaciones del Ministerio de Trabajo para controlar la situación laboral de estos operarios, que por ahora continuarán fuera del organismo mixto.
El Gobierno avanzará también en otros sectores para fiscalizar la situación de otros grupos de tercerizados donde hay amenaza de alta conflictividad social.
El primer rubro en el que comenzarán los controles será en las empresas eléctricas(Edenor, Edesur y Edelap), a las que se señala de tener pequeñas compañías contratadas para acudir en caso de emergencias, las que a su vez demandarían operarios en situación de irregularidad.
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