La investigación judicial del trágico accidente ferroviario de San Miguel tomó un nuevo y sorpresivo giro , al quedar bajo la lupa las posibles responsabilidades que tendrían los directivos de la UGOFE y los funcionarios nacionales de Transporte por el estado técnico que presentaba el tren siniestrado y la habilitación del sistema de señalamiento de la línea San Martín.
Dentro del “paquete” de medidas ordenadas esta semana, el juez federal Juan Manuel Yalj dispuso la realización de una “ pericia técnica ” de la formación de la línea San Martín con el fin de determinar el estado estructural de los vehículos y la calidad de las reparaciones que tuvo antes del choque.
Paralelamente, el magistrado le remitió un oficio a la UGOFE –la operadora privada de la línea San Martín– para que informe qué clase reparaciones y modificaciones estructurales y de los sistemas de tracción se efectuaron en los coches que protagonizaron el accidente. Además, pidió que le especifiquen los espesores de las chapas utilizadas en los arreglos y las diferencias que pudieran tener con el diseño del fabricante.
Tras las presentación efectuada por los técnicos de Ferrobaires y las denuncias de especialistas privados que advirtieron que los coches del San Martín fueron refaccionados con materiales de deficiente calidad, el juez resolvió abrir una nueva línea de investigación que apunta a comprobar el verdadero estado de los vehículos y las responsabilidades penales que podrían afrontar los empresarios y funcionarios que intervinieron en las reparaciones y habilitaciones de las unidades.
Tal como adelantó Clarín el domingo pasado, los elementos y las chapas de los paragolpes y las carrocerías de los coches más dañados por el accidente eran de menor espesor que los que marcan las normas técnicas. Por ese motivo, los coches habrían experimentado una menor capacidad de resistencia al impactoque terminó influyendo en la magnitud de los daños y en la cantidad de víctimas y heridos.
Según lo dispuesto por Yalj, las nuevas pericias se realizarán entre el 28 de febrero y 1 de marzo y el encargado de la tarea será el ingeniero Raúl Díaz.
El magistrado también le solicitó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que informe si el sistema de señales lumínicas del San Martín “cuenta con la debida habilitación de ese organismo o en caso contrario indique cuál es el ente de contralor que debe habilitarlo”.
Si bien en la reconstrucción del choque se comprobó que funcionaba sin problemas, una serie de datos recogidos durante la investigación habrían indicado que el sistema de señalamiento no contaría con la debida homologación y aprobación técnica de la CNRT.
Vinculado a este punto, también se hará una nueva inspección ocular para comprobar cual era la visión de los semáforos que tuvo el conductor de Ferrobaires, quien había sostenido en su declaración que “en los días de sol las señales no se observan correctamente”.
Con respecto a la formación de Ferrobaires que embistió al tren del San Martín, el juez mandó a realizar una “ inspección técnica completa ” sobre la locomotora y los coches que deberá verificar los sistemas de frenos, el estado del velocímetro y los comandos de seguridad de cabina del conductor.
El informe del perito también deberá dar respuestas a otras dos cuestiones clave. Por un lado, si los vehículos fueron reparados y, en ese caso, que materiales se usaron para los trabajos. Y por otro lado, cual fue la capacidad de frenado y de detención que tuvo la formación en el momento del choque. Con esos datos, el magistrado deberá determinar si el tren de Ferrobaires estaba en condiciones y si los directivos de la empresa tuvieron alguna responsabilidad en el accidente.
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