jueves, 24 de febrero de 2011
Tres proyectos por la recuperación de los trenes.
Se conmemora un nuevo aniversario de la nacionalización de los Ferrocarriles Argentinos y hay tres proyectos en Diputados que esperan su concreción.
Jueves 24 de febrero del 2011. El acto realizado este 2 de marzo en Plaza de Retiro, en conmemoración del nuevo aniversarios de la nacionalización de los ferrocarriles Argentinos, realizado por el Movimiento Proyecto Sur y distintas organizaciones sociales (Tren para Todos, MONAFE -Movimiento Nacional Ferroviario, entre otras), posee como fin impulsar en Diputados los tres proyectos presentados el año pasado en una Audiencia Pública.
El plan “Tren Para Todos".
Consta de tres proyectos de ley que fueron impulsados en Diputados mediante Audiencia Pública. Los mismos establecen la creación de:
▪ una nueva empresa estatal de ferrocarriles
▪ Un fondo de financiamiento para recuperar y reconstruir los principales ramales del país
▪ Una comisión especial investigadora de los ilícitos cometidos por las empresas concesionarias de los pocos servicios que quedaron
A lo que se suma un cuarto proyecto que establece que la Auditoría General de la Nación realice un informe anual sobre la disposición y gestión de los bienes inmuebles que constituyen el patrimonio ferroviario.
Primer proyecto de ley: Creación de la empresa Ferrocarriles Públicos Argentinos Sociedad del Estado (FEPAR S.E.).
La misma se encargará de la explotación y gestión directa de los ferrocarriles de propiedad nacional, e iniciará un proceso de rescisión de todos los contratos vigentes con las empresas concesionarias de servicios ferroviarios, previa revisión del estado de cumplimiento de los mismos. La misma define al Estado Nacional como el único encargado de la gestión de toda la infraestructura ferroviaria y del control de la circulación.
Segundo proyecto de ley: Creación del Fondo para el Desarrollo Ferroviario (FODEF).
Creación de un fondo de financiamiento que permita la recuperación y desarrollo de la industria proveedora del sistema ferroviario nacional destinado al reacondicionamiento de la red ferroviaria nacional. Este estará bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional.
Tendrá los siguientes recursos:
▪ El Banco Central de la Republica Argentina transferirá la suma de $ 2.300.000.000.
▪ El Estado Nacional aportará el 0,5% del Presupuesto Nacional fijado anualmente.
▪ Un gravamen del 4% sobre el precio de venta de los vehículos automotores para el transporte de carga, a cargo de la AFIP, y depositados en el Banco de la Nación Argentina.
Estos serán utilizados para:
▪ Préstamos: Fabricación de locomotoras, coches, vagones, rieles, durmientes, cambios de vías, partes, repuestos y accesorios; sistemas de comunicación y señalización; construcción y mantenimiento de los talleres.
▪ Subsidios: para investigación y desarrollo, nuevas tecnologías, capacitación de recursos humanos.
Se creará el Registro Nacional de Empresas Proveedoras del Sistema Ferroviario, donde deberán inscribirse aquellas empresas interesadas en proveer los bienes descriptos.
Estará administrado por un Directorio integrado por un Presidente y 4 Directores. El Presidente y un (1) Director serán designados por acto del Poder Ejecutivo Nacional, el resto de los directores serán del Congreso Nacional, los trabajadores ferroviarios y el sector empresario.
Proyecto de Resolución: Comisión Especial Investigadora.
Objeto de la ley: Crear en el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación una Comisión Especial Investigadora para el análisis, evaluación e investigación de las concesiones del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires, los servicios otorgados a UGOFE S.A. y Las concesiones de transporte ferroviario de cargas; en referencia a los siguientes puntos:
▪ el grado de avance del proceso de renegociación de los respectivos contratos
▪ irregularidades señaladas en los informes elaborados por la Auditoría General de la Nación
▪ la ruta de las transferencias realizadas por los subsidios a las empresas concesionarias, es decir, el destino efectivo y aplicación concreta verificable.
▪ comparar el estado actual de los bienes e inventarios entregados a las empresas concesionarias con el estado de los bienes al tomar la posesión de las concesiones.
▪ Determinar el cumplimiento de los cánones que debían abonar los concesionarios del transporte ferroviario de cargas por el uso económico de un activo público.
Estará conformada por nueve (9) señoras/es Diputadas/os, designados por la Presidencia a propuesta de los diferentes Bloques Legislativos.
Sus facultades serán:
▪ Recibir denuncias y pruebas.
▪ Requerir y recibir declaraciones testimoniales.
▪ Realizar inspecciones oculares.
▪ Solicitar informes escritos u orales, o el envío de documentación
▪ Denunciar ante la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios
▪ Conocer el estado de las causas judiciales y/o administrativas relacionadas
▪ Requerir al juez competente el allanamiento de lugares y domicilios con la finalidad de incautar documentación u otra clase de prueba
La Comisión deberá elevar un informe a la Cámara de Diputados de la Nación detallando los hechos investigados, dentro de los 180 días hábiles contados a partir de su constitución. Si como consecuencia de la investigación se advirtiera la comisión de actos que pudieran considerarse delitos, la Comisión deberá formular las denuncias pertinentes ante los Tribunales competentes, aportando los elementos de prueba recopilados.
Breve reseña histórica.
El 1º de marzo de 1948 en la plaza Retiro, en un acto multitudinario, se hacía pública la toma de posesión de los ferrocarriles. La red ferroviaria continuó creciendo hasta 1957, año en que se llegó a los 47 mil kilómetros de extensión. Desde entonces, comenzó un retroceso gradual y sostenido en la red.
En 1992, cuarenta y cuatro años después de su nacionalización, los ferrocarriles volvieron a manos privadas. Los 37 grandes talleres donde se fabricaban vagones y locomotoras fueron saqueados, sin que la justicia haya condenado a sus responsables. (Portal Contacto Político)
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