Dentro de 30 días el Tribunal Constitucional resolverá el recurso de agravio constitucional que planteó Peruval Corp. (accionista de Ferrocarril Trasandino) contra el Estado para evitar el ingreso de los operadores privados Inca Rail S.A. y Andean Railways en la ruta de trenes Cusco-Machu Picchu.
El Tribunal escuchó los alegatos de las partes involucradas, pero el caso quedó pendiente hasta después de las elecciones en abril.
La ruta férrea Cusco-Machu Picchu factura en promedio US$40 millonesal año. Peruval se opone al decreto supremo 031-MTC que abrió la competencia en el sector.
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