"Es el momento de explotar la bomba"

Así hablaban los lobbistas sobre la necesidad de presionar a los funcionarios en Madrid

La primera opción era filtrar datos que demolieran a los funcionarios españoles entre los medios de comunicación de esta ciudad. Pero los lobbistas e intermediarios del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, Manuel Vázquez y Miguel Angel Lorente analizaron dos opciones más.

El plan B, según Lorente, era apelar al "aparato de comunicación de Botín [por Emilio, presidente del Banco de Santander], siempre dispuesto a vender favores a cambio de imagen", y el plan C, recurrir a otro viejo amigo de sus tiempos en Banesto, Carlos Solchaga, quien luego fue ministro de Economía de Felipe González y, desde 1999, se reconvirtió en uno de los más influyentes lobbistas de este país junto con otro socialista, José "Pepe" Recio.

"Sólo para meter miedo, sin armar nada jurídico ni en la prensa, podría ser la de Solchaga-Recio", le sugirió Lorente a Vázquez, como forma de sacudir al gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero por el flanco interno.

Contaban para eso con un aliciente: a Solchaga aún le debían 10.000 euros de una gestión en la Argentina también por el tema de los ferrocarriles.

"Como ellos aparecieron tocados, son los mejores para infundir pavor y proponer depuraciones internas", estimó el socio de Vázquez en esta capital.

La bronca de los laderos de Jaime se centraba en la ruptura de los "códigos" por parte de los funcionarios españoles.

Para ellos, se regodeó Lorente, tenían "una bomba lista para cebar", que sería "a fondo, con jueces, sin negociaciones, ni tonterías".

Su propuesta fue "nada de andar con delincuentes poniéndonos a su altura. Nada de ir repartiendo bolsas de dinero a ese tipo de gente". Para él, era el momento de "explotar la bomba política, al menos en España".

En tren conflictivo

Detrás de toda la pelea estaba el contrato binacional de provisión de trenes de la estatal Renfe a la Argentina. En otros mensajes ya revelados, Vázquez y Lorente hablan de suculentas comisiones (más de tres millones de euros) para repartir entre ellos y de también mencionan la idea de enmascarar los "costes políticos" en la partida de reparación de las máquinas que llegarían al país.

Las tratativas para terminar ese contrato duraron años. Los mails muestran la reticencia de Renfe y de las otras empresas estatales españolas involucradas para aceptar las condiciones que les querían imponer Vázquez y Lorente, en teoría por mandato de Ricardo Jaime y del gobierno argentino.